En los manuales sobre “urbanidad y buenas maneras” del siglo pasado se advertía a los niños sobre la “mala costumbre” de mentir, ilustrando la admonición con algunas historias curiosas. En uno de esos libritos se ponía el ejemplo de un niño que se encaramaba sobre un mueble de cocina con la intención de probar a hurtadillas uno de los tarros de la deliciosa mermelada que había preparado su madre. Pero, como quiera que al goloso infante se le caía el tarro, al ser sorprendido por el estruendo de los cristales rotos no se le ocurría otra cosa que echar la culpa del desaguisado al gato. En algunas versiones de esta historieta, en la casa ni siquiera había gato y en otras la culpa se le imputaba a un anciano abuelo impedido y desmemoriado. La moraleja siempre era la misma, subrayando el ridículo en el que caía el niño mentiroso.

Me acojo a la hospitalidad de Sistema digital para debatir con mi amigo y compañero en el Congreso, aunque adversario políticamente, Rafael Simancas a propósito de su artículo “La falacia del pago según renta”, publicado hace tres semanas en estas mismas páginas. Quiero hacerlo más allá de la “dialéctica partidista” que con frecuencia nos arrastra a decir desmesuras, bien caricaturizando al adversario, bien simplificando el mensaje sobre asuntos de por sí complejos, como lo es el que aquí nos ocupa. Yo también caigo en ocasiones en tal vicio, nada bueno para el debate democrático, y procuraré ahora no incurrir en él. Coincido con Rafael Simancas en que el modelo de Estado Social de Derecho “formó parte del gran pacto de la Transición democrática” y, por lo tanto, quienes queramos ser fieles al espíritu de la Constitución de 1978 debemos hacer todo lo posible por preservarlo. Precisamente de eso se trata en medio de la grave crisis económica que nos azota.

Ni esperaron a la segunda vuelta de las presidenciales francesas: nada más conocerse la victoria de Hollande en la primera vuelta y el ascenso fortísimo del Frente Nacional, los que hasta entonces habían formado la guardia pretoriana de Merkel, comenzaron a titubear y a sugerir la necesidad de pensar en un giro político para potenciar el crecimiento económico. Draghi, Monti y Barroso hablaron de la necesidad de variar, siquiera mínimamente, el rumbo impuesto por Ángela Merkel a la política y la economía de la Unión Europea, y sólo Rajoy permaneció fiel al dogma de la Canciller alemana. ¿Qué ha pesado más para que estos líderes máximos del pensamiento neoliberal y de la ortodoxia fiscal hayan abierto un ventanuco en la sólida prisión ideológica construida por Merkel? ¿La previsión de la victoria de los socialistas franceses, con un discurso menos heterodoxo de lo que piensa, o el vértigo producido por el ascenso de la ultraderecha? No creo que la victoria de Hollande explique por sí sola el cambio de discurso en los hasta ayer defensores del rigor presupuestario y los recortes sociales: Monti, Draghi o Barroso saben que Alemania y los “mercados” poseen las herramientas suficientes para mantener a Francia dentro del corsé diseñado por Merkel. Pero intuyo que los líderes europeos comienzan a sentir, si no miedo, sí preocupación.

En un artículo de principios de febrero de este año señalábamos que se iniciaba una nueva época en la sociedad española, que previsiblemente iba a venir marcada por una contrarreforma regulatoria que, previsiblemente, nos llevaría a un fuerte recorte en algunas libertades sociales, a un retroceso en la calidad ambiental, a una profundización en la recesión y a la agudización de los problemas ligados a las Políticas de la Tierra. Todo ello como resultado de unas políticas del nuevo Gobierno absolutamente incompatibles con un desarrollo socioeconómicamente cohesionado, ambientalmente sostenible y territorialmente equilibrado, que son las pautas tradicionales de lo que se denomina la senda del desarrollo sostenible. La justificación que el Gobierno viene dando a la asunción de políticas tan social, económica y ambientalmente regresivas es la de que no le dejaban ninguna alternativa los compromisos asumidos por el Gobierno de Zapatero con la Unión Europea y la herencia recibida: deuda y déficit, cifras de paro, reducción del PIB y pérdida de confianza en España con fuerte elevación de la prima de riesgo a cifras inasumibles por nuestra economía a medio y largo plazo. Pero, por si el culpabilizar al anterior Presidente del Gobierno no era suficiente, el propio Presidente del Gobierno actual ha reiterado en distintas ocasiones que ahora estamos pagando el haber vivido por encima de nuestras posibilidades y que es él el que se ve obligado a resolver la nefasta situación a la que todos los españoles hemos conducido al país.

Grecia y la Banca española han sido los focos de desestabilización del área euro en la última semana. En el caso griego, el resultado de las elecciones generales del 6 de mayo no ha permitido la creación de un Gobierno de coalición con el apoyo suficiente, por lo que la decisión final ha sido la convocatoria de unas nuevas elecciones generales, y la constitución de un Gobierno interino de tecnócratas encabezado por el presidente del Consejo de Estado, el jurista Panayotis Pikrammenos. Un mes hasta la celebración de las próximas elecciones que, por supuesto, no garantiza la solución al problema. Y mientras, falta por conocer hasta qué punto los acuerdos adoptados por el anterior Gobierno heleno para la concesión de ayudas del FMI y la UE van a cumplirse o si por el contrario quedarán en suspenso. Esta incertidumbre ha calado entre la población griega que ha retirado algunos miles de millones de euros de sus cuentas en los últimos días, para trasladarlos al extranjero, temiendo un deterioro del valor de sus activos financieros ante la expectativa de un abandono del euro.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en la Sala de Juntas del CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42, Madrid.-) el día 6 de Junio a las 18,00 h, en primera convocatoria, y el día 7 de Junio de 2012 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente